CONTEXTO
¿Qué es la seguridad? ¿Qué seguridad queremos? ¿Cuál es el marco normativo de la seguridad? ¿Cuáles son los debates y las tensiones principales en la relación entre la seguridad y los Derechos Humanos? ¿Cómo se mide la seguridad? ¿Qué fenómenos afectan la seguridad? ¿Qué políticas públicas e instituciones producen la seguridad que queremos? ¿Qué políticas públicas e instituciones debilitan la seguridad que queremos? ¿Cuáles son los resultados de la intervención militar en la seguridad ciudadana, en la experiencia nacional e internacional? ¿Qué características debe tener un mecanismo permanente de incidencia a favor de la seguridad democrática, desde la academia hacia los tomadores de decisiones?
Las anteriores son algunas preguntas que nos introducen al tema de análisis y discusión de la Conferencia Internacional: Seguridad, Democracia y Derechos Humanos, la vía civil.
Aquí algunas certezas:
México se ubica en el nivel endémico de violencia y se aproxima hacia el nivel de conflicto, según estándares de la Organización Mundial de la Salud (ver documento). Acorde con información recién publicada, 2017 podría ser el año más letal en la historia reciente de México (ver nota). Van al alza todos los delitos de alto impacto, tales como el homicidio doloso y culposo, los secuestros, el robo con violencia y las extorsiones, según las mediciones comparadas más recientes (ver).
A su vez, la delincuencia y la violencia hacen parte de una extendida crisis de los Derechos Humanos, donde las reglas y las prácticas permanecen en franco divorcio (ver PDF). Los más recientes reportes han encontrado el fracaso del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a pesar del enorme caudal presupuestal dedicado a esa función pública. México invirtió solo entre el 2008 y el 2015 más de un billón de pesos en seguridad y defensa (ver PDF). Según el INEGI en el 2010 hubo 18.2 millones de víctimas del delito y para el 2015 ya eran 23.3. Pasó de 23 mil a 28 mil víctimas por cada 100 mil habitantes. Lo anterior junto a una cifra oscura de delitos mayor al 90 por ciento y con más del 70 por ciento de los adultos en promedio sintiéndose inseguro en la entidad en la que vive (ver PDF).
El reporte denominado Índice de Paz México mostró que la calificación de nuestro país se deterioró en 2016, con relación al año anterior. Sucedió así “por primera vez desde la recuperación iniciada en el 2012” (Índice de paz).
¿Y el rol de los militares?
Para 2011 los mandos militares ya estaban a cargo de la seguridad pública en 17 entidades (ver nota). El presidente Peña ha duplicado el número de militares en las calles. En el 2012 había 75 Bases Militares Mixtas y para el 2016 ya había 142. (ver nota). En octubre de 2016 se publicó una información que ya dejó ver la inversión directa en capacitación en seguridad pública para la policía militar (ver nota), aclarándose así nueva fase en la militarización.
La ASF reportó el incremento equivalente a 327% de los operativos de la SEDENA entre 2007 y 2014, mientras que entre el 2007 y el 2013 creció 69% el número de militares desplegados. Estos gráficos enseñan la dimensión de la escalada presupuestal . Primero lo mostramos en términos absolutos y relativos porcentuales:
Entre las entidades con mayor militarización de la seguridad se cuenta Tamaulipas; los estudios enseñan que ahí se ha perdido el monopolio de la violencia del Estado. En esa entidad, además del fracaso en la contención de la violencia, proliferan fenómenos extremos de violaciones a los Derechos Humanos, como las desapariciones, justo en donde se verifica quizá el más intenso despliegue militar del país (ver pdf).
En otro ángulo, Información publicada en el 2016 reporta casi 50 mil deserciones militares durante una década, fenómeno agudizado justo cuando Calderón ordena el despliegue masivo en la guerra contra las drogas (ver nota). La hipótesis obligada coloca este fenómeno como parte de la reproducción de la violencia.