- Las Fuerzas Armadas y las policías militares de la Guardia Nacional han detenido a 152 mil personas migrantes en la frontera sur desde el acuerdo con Donald Trump en junio de 2019.
- La Sedena – no la Guardia Nacional – realizó la mayoría (67%) de las detenciones de migrantes por parte de las fuerzas federales en la frontera sur entre junio 2019 y diciembre 2020.
- En el mismo periodo (junio 2019 a diciembre 2020), el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó 273 mil deportaciones.
- Entre las personas migrantes detenidas por la Sedena, 27 mil son niños y niñas menores de 18 años.
- Las fuerzas federales no proporcionaron evidencia sobre el uso proporcional y necesario de la fuerza en contra de las personas migrantes, misma que deben construir, como lo dispone la ley nacional en la materia.
El relevo en la presidencia de los Estados Unidos no ha mejorado el trato a las personas migrantes en México. En la conferencia matutina del 22 de marzo del 2021, se informó que una fuerza conjunta de 8 mil 715 efectivos de la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional fue desplegada en acciones del “plan de migración y desarrollo en la Frontera Norte y Sur”, ocupando 347 puntos de control en las principales rutas migratorias. Según el Secretario de la Defensa Nacional, los resultados de la estrategia durante el mes fueron 12,905 “migrantes rescatados”, y 24,037 raciones de comida distribuidas. Durante el 2020 el promedio de despliegue mensual fue de 8 mil 58 agentes.
En esta quinta entrega de la serie Descifrando, consideramos el concepto del “rescate humanitario”, así como las cifras oficiales en torno al uso de la fuerza y sus impactos como medida de control migratorio en México, en el contexto del renovado despliegue de fuerzas militares ante la posibilidad de una crisis humanitaria en las fronteras del país.
¿Qué es un “rescate humanitario”?
De acuerdo a la Guardia Nacional, un “rescate humanitario” se define como el “apoyo a personas extranjeras que no acreditaron su estancia legal en el país […], puestas a disposición ante las autoridades correspondientes” (Guardia Nacional, solicitud de acceso a la información con folio 2800100008921).
Según la investigadora Sonja Wolf, la palabra “rescate” ha sido empleada como un eufemismo para las detenciones y deportaciones de migrantes desde los años 2013 y 2014, conjuntando casos de verdaderos rescates humanitarios con otros en los cuales “el INM, lejos de preservar la integridad física y psicológica de las personas, sólo interrumpió la circulación irregular de quienes anhelan una mejor vida en otros horizontes”.
El uso de tal concepto para referirse a la retención de migrantes por parte de las autoridades resultó en el incremento en la cantidad de personas migrantes deportadas por México a partir de julio 2014, después del anuncio del Programa Frontera Sur. Aunque la cantidad de personas migrantes deportadas había caído en años previos, se duplicó la tasa anual de deportaciones entre 2013 y 2015, llegando hasta las 181 mil.
Definiciones: deportaciones y menores de edad
El término “deportaciones” hace referencia a lo que el INM llama “devoluciones”. Los organismos gubernamentales consideran a la figura de la “deportación” cómo una sanción por violación a las leyes migratorias, mientras que el “retorno asistido” ocurre después de que la persona migrante, incluso desde una situación de detención prolongada, firma un documento manifestando la voluntad de regresar a su país de origen. También es importante señalar que en EE.UU. se consideran niños migrantes a las y los menores de 18 años, mientras que en México la estadística de niños y niñas no acompañadas considera a los infantes hasta los 12 años, y las personas de menos de 18 años son simplemente “menores.”
El Programa Frontera Sur se realizó en el contexto de una verdadera crisis humanitaria, marcada por un cambio demográfico en la población migrante que se refleja también en la población deportada y que continúa: más mujeres, niñas y niños no acompañados.
Comparando el periodo 2007 a 2013 con el de 2014 a 2020, la proporción de hombres adultos deportados disminuyó de 78% a 60%, mientras que la proporción femenina (mujeres y niñas) se incrementó del 18% al 34%. La cantidad de niñas y niños menores de 12 años acompañados o no acompañados que fueron deportados creció por un factor de 10; 83 mil 503 niñas y niños han sido deportados entre 2014 y 2020, 10 mil 221 no estaban acompañados.
Varios casos de violencia experimentados durante la salida y el tránsito fueron documentados en el informe Niñez interrumpida: Violencia sexual y por motivos de género contra niñez migrante y refugiada centroamericana, elaborado por Kids in Need of Defense (KiND) y el Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Córdova (CDHFM).
2019: El Plan Migrante Frontera Norte y Sur
El INM no es la única institución que realiza "rescates humanitarios" en México, las fuerzas federales y militares han sido desplegadas en las fronteras durante el Plan Migrante Frontera Norte y Sur adoptado por el gobierno federal en respuesta a las presiones políticas de la administración Trump. En junio del 2019 fueron desplegados 15 mil efectivos, esta cifra disminuyó a 8 mil 58 durante 2020. Estos “rescates humanitarios”, más bien son retenciones de personas migrantes para después presentarlas ante la institución migratoria, son parte fundamental de la estrategia de contención migratoria y las deportaciones masivas.
Las deportaciones de personas migrantes se incrementaron durante todo 2019 y alcanzaron su máximo con 24 mil en junio de este año. Otro aumento importante ocurrió en enero del 2020, con la llegada de la llamada caravana de 4 mil migrantes a la frontera sur, confrontada por las fuerzas federales y militares, resultando en la deportación de 2 mil 303 personas migrantes, según un informe de la Organización Internacional para la Migración (OIM).
Las retenciones de personas migrantes por las fuerzas federales y militares están directamente vinculadas a la estrategia de contención migratoria que predomina en las actividades del Plan Migrante Frontera Norte y Sur. En junio de 2019, cuando el INM deportó a 24 mil 125 personas, la Sedena realizó 17 mil 648 retenciones, la suma total de éstas fue de 126 mil 099 migrantes entre junio 2019 y diciembre de 2020.
La Guardia Nacional no pudo informar sobre las retenciones realizadas por sus efectivos, ya que se encuentra en un estado de transición y la mayoría de su personal está adscrito a las Fuerzas Armadas y subordinada al mando militar en las coordinaciones regionales; en su lugar, proporcionó cifras correspondientes a la Policía Federal. No obstante, contaba con la cifra global de personas migrantes retenidas en la Frontera Sur durante 2019 y 2020: 43 mil 583 migrantes. Para la Policía Federal, se reportó la retención de solo 3 mil personas migrantes en el mismo periodo.
En resumen, la Sedena es la institución federal que más retenciones de personas migrantes realiza, seguida por la policía militar y naval que ahora conforma la Guardia Nacional: más de 150 mil migrantes detenidos por fuerzas militares en la frontera sur de México, tanto en retenciones, como en incidentes masivos de uso de la fuerza, en operativos implementados en las vías ferrocarriles, o intervenciones en casas de refugio de migrantes. La Semar, por su parte, reporta 3 mil 252 retenciones como parte de su despliegue "aleatorio". En el mismo periodo, el INM realizó 273 mil 308 deportaciones.
Entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, la Sedena fue la única institución que proporcionó información sobre sus retenciones por género y grupo etario.
La Sedena previamente ha rechazado la posibilidad de que las policías militares adscritas a la Guardia Nacional dependan de ella, o que las actividades de la Guardia Nacional le sean atribuidas (Solicitud de acceso a la información con folio 0000700151320, recurso de revisión 06337/20). La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se han declarado incompetente para informar sobre las actividades de la Guardia Nacional: en efecto, todavía no hay transparencia efectiva sobre una fuerza operativa de 100 mil efectivos, conformada en su mayoría por militares en activo.
Uso de la fuerza, derechos humanos y transparencia
El concepto de "rescate humanitario" es empleado por las autoridades mexicanas no solamente como referencia a la liberación de personas migrantes en condiciones de peligro, hacinamiento o estrés, sino también en referencia a la búsqueda activa y detención de personas migrantes.
Como lo documentamos en la entrada anterior de Descifrando, un resultado del Plan Migrante fue que la Guardia Nacional recibió 26 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por "acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes" en un año (julio 2019 a julio 2020); la Sedena fue señalada en 9 quejas y la Semar en 8.
El caso más emblemático de la actuación militar en el contexto del Plan Migrante ocurrió en enero 2020, cuando un grupo de aproximadamente 4 mil personas migrantes intentó entrar por la frontera sur y fue enfrentado por una fuerza combinada de policías, Guardia Nacional y policías militares, aplicando tácticas de restricción de movimiento y desplazamiento, gases lacrimógenos y fuerza no letal; todas estas son intervenciones reguladas por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y regidas por los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención para minimizar el uso de la fuerza, proporcionalidad, y rendición de cuentas y vigilancia. El Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI) realizó un monitoreo cercano de los hechos: http://caravanamigrante.ibero.mx/frontera-sur/10.
En entrevistas realizadas con 162 personas migrantes durante ese incidente, la OIM detectó irregularidades y abusos como: falta de información para acceder a servicios de protección internacional y regularización; falta de protección a grupos vulnerables; separación de familias; heridas como resultado del uso de la fuerza; afectaciones psicológicas resultado de las detenciones y deshidratación debido a los actos de contención durante periodos prolongados y con altas temperaturas.
Este Programa de Seguridad Ciudadana preguntó a través de solicitudes de acceso a la información sobre las capacitaciones que ha recibido la Sedena y la Semar en materia de los derechos de las personas migrantes y uso de la fuerza en estos contextos. La Sedena se negó a dar información, bajo el argumento de que "únicamente proporciona seguridad periférica a los agentes del Instituto Nacional de Migración en las actividades que realizan" (Sedena, solicitud de acceso a la información con folio: 0000700046321). La Semar no respondió directamente a la pregunta.
La Guardia Nacional, por su parte, informó que 65 mil 125 de sus integrantes han recibido capacitaciones en materia de derechos humanos, que incluyen tres temas bajo el concepto de migración (49 mil 632 de manera presencial y 15 mil 493 en línea). No obstante, comunicó que sus miembros habían realizado cero acciones del uso de la fuerza en contra de personas migrantes según la Ley en la materia, con cero personas migrantes heridas o fallecidas como resultado de sus intervenciones (Guardia Nacional: 2800100008921).
La respuesta de la Guardia Nacional no solamente contrasta con lo documentado por medios, organismos internacionales, académicos y activistas de múltiples incidentes del uso de la fuerza y las personas migrantes afectadas, sino que también contradice información emitida previamente por la misma institución, que reconoce dos incidentes de "reducción física de movimientos" de "aproximadamente 800 personas migrantes" en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 20 de enero 2020 y en Tapachula, Chiapas el 23 de enero 2020; además, un incidente de "presencia de autoridad" con una persona afectada en Arriaga, Chiapas el 7 de julio 2020 (Guardia Nacional: 2800100046620).
Finalmente, el INM informó que solo tiene registro de 114 migrantes presentados ante la autoridad migratoria por la Sedena durante 2019 y hasta agosto 2020; por la Semar fueron 29, la Policía Federal 1 mil 658, y no existe registro de la Guardia Nacional. Aunque hay eventos en que las personas migrantes son detenidas de manera conjunta entre las fuerzas de seguridad y el INM, sólo existen 13 mil 232 registros en los que se señala al INM como la autoridad que presentó a la persona migrante (INM: 0411100078720).
Conclusiones
Es importante destacar que la militarización de las fronteras no es el único componente del Plan Migrante Frontera Norte y Sur, ni lo fue durante el Programa Frontera Sur en 2014; generalmente hay componentes de colaboración y desarrollo con los países centroamericanos. Sin embargo, el informe de la Auditoría Superior de la Federación para 2019 encontró que, de los 1 mil 263 millones de pesos dedicados a la Estrategia de Cooperación Financiera con Centroamérica, los únicos fondos emitidos fueron dirigidos a la rehabilitación de estaciones migratorias y servicios de transporte en México (Animal Político).
En contraste, las cifras oficiales evidencian el uso generalizado y masivo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional militarizada en una estrategia de control y contención, sin los mínimos controles del debido proceso, el interés superior de la niñez, el respeto de los derechos humanos, los estándares para el uso de la fuerza y la transparencia.
