La participación del Ejército y la Marina en la llamada guerra contra el narcotráfico ha traído resultados inesperados. En vez de coadyuvar en la seguridad pública de manera temporal y excepcional, los datos oficiales muestran que las fuerzas armadas fueron desplegadas, transformadas y fortalecidas, y no las policías civiles; tampoco se ha reducido la violencia. Ahora los militares sustituyen a las instituciones civiles en varios proyectos del Estado.
Lo cual nos lleva necesariamente a contestar la pregunta, a quién o a qué intereses sirve la militarización, y para ello es necesario considerar los costos y beneficios para las propias fuerzas armadas.
Según expertos latinoamericanos consultados en el libro “Militares y gobernabilidad ¿Cómo están cambiando las relaciones cívico militares en América Latina?, la reciente militarización de varios países de la región se explica en buena medida por la debilidad de las democracias y de las instituciones civiles, y por la utilidad de llevar a cabo los proyectos de Estado directamente y a través de los militares, en contraposición a la inclusión de civiles en procesos democráticos y deliberativos.
Pero, ¿cómo entendemos la militarización desde el punto de vista de los militares? ¿Son actores políticos con intereses propios o meramente “servidores de la patria”? En esta entrada de Descifrando, analizamos fuentes de datos oficiales que dan luz sobre los impactos para el bienestar de su personal y la institución militar.
¿Qué dice el liderazgo militar?
El primero de febrero de 2019, los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y la responsable de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, comparecieron ante los senadores en una audiencia para analizar e intercambiar opiniones sobre las reformas constitucionales en materia de la Guardia Nacional, un proyecto político que transformaría las instituciones militares y que es públicamente apoyado por el liderazgo militar.
En defensa de la creación de la Guardia Nacional, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, enfatizó el servicio que han prestado los militares: “18 años en auxilio, en coadyuvanza a la seguridad pública, permitiendo que las policías se integraran, se adiestraran, se reforzaran para poder atender su tarea, para atender su responsabilidad y no ha sucedido en 18 años”.
Ambos secretarios lamentaron los hechos sufridos a las fuerzas armadas como resultado de su servicio, en particular por las críticas que reciben: “cómo el reconocimiento va de la mano de la desconfianza, no lo entiendo”, en palabras del General Sandoval.
Por su parte, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, agregó: “Los muertos los ponemos nosotros, las críticas las sentimos nosotros, los derechos humanos, respetamos los derechos humanos. Tenemos personal de capitanes, almirantes que están en las cárceles, porque cometieron errores, damos la cara ante los derechos humanos.”
Como indicaron los secretarios Sandoval y Ojeda Durán, la participación de los militares en tareas ajenas a su misión principal, que es la defensa de la soberanía, ha implicado varios costos en términos de desgaste de su personal y críticas públicas a la institución militar.
Las bajas en el Ejército mexicano
Bajo la hipótesis de que su despliegue en la llamada guerra contra el narcotráfico resultó costoso para las fuerzas armadas, la estadística de bajas de personal publicada por la SEDENA podría servir como un indicador del impacto global.
Entre 2001 y 2006, el periodo que corresponde a la administración del presidente Vicente Fox, previo a la intensificación de la guerra contra el narcotráfico, causaron baja casi 30 mil miembros de la SEDENA al año.
La tasa de bajas cayó precipitadamente durante la administración de Felipe Calderón, llegando a nueve mil 900 por año en el periodo de Enrique Peña Nieto.
En el transcurso de los primeros dos años de la administración del presidente López Obrador, periodo durante el cual se intensificó de nuevo el despliegue militar y se agregó una cantidad creciente de nuevas responsabilidades, las bajas volvieron a ascender hasta 14 mil 200 por año.
Las deserciones
¿Por qué ha habido tantas bajas en el Ejército mexicano? Entre 2001 y 2006 la deserción fue el motivo del 56% de las bajas dentro de la SEDENA; el 90% de tales deserciones ocurrieron en el rango más bajo de la jerarquía militar, los soldados. El despliegue de estos soldados no parece asociarse al aumento de la tasa de deserciones; en cambio se observa una caída precipitada en la frecuencia de éstas, que se sostuvo durante los años más sangrientos de la guerra contra el narcotráfico y que se mantiene hoy en día.
Hay varias hipótesis que se podrían contemplar para explicar la reducción en deserciones del Ejército. Algunas son difíciles de medir, como la influencia de la misión, la doctrina y la moral militar y cómo esto se habría modificado a través de su protagonismo en años recientes.
Aquí nos limitamos a considerar el balance entre los costos humanos para el personal militar que resultaron de su despliegue en misiones de seguridad interior, y los beneficios materiales también percibidos tanto para la institución militar como para el personal que la integra.
Las defunciones: "los muertos los ponemos nosotros"
Comparado con la administración de Fox, con Calderón la cantidad de defunciones en la SEDENA subió de 87 a 107 por año, un aumento notable, pero aún menor que las 128 defunciones anuales en el periodo de presidente Zedillo (que corresponde a los años 1995-2000).
En el 2020, la SEDENA perdió 436 miembros de su personal, probablemente debido a la pandemia por COVID-19.
¿Cuántas de estas defunciones están asociadas a la guerra contra el narcotráfico?
Según otra fuente de datos publicada por la SEDENA, entre 2007 y 2012 el 28% de las defunciones se dieron en el marco del combate contra el narcotráfico, aunque solo el 16% como resultado de agresiones o ejecuciones (las demás ocurren por accidentes y otras causas).
El año más peligroso fue 2012, cuando el 38% de las defunciones fueron resultado de la llamada guerra interna (26% por agresiones y ejecuciones, y los demás por accidentes y otros incidentes). Bajo la administración de Peña Nieto, las tasas fueron del 16% y 9%, respectivamente; y de 2019 a 2020, del 4% y 3%.
Las bajas por defunción no dan cuenta de todo el costo humano de la denominada guerra contra el narcotráfico.
De hecho, la estadística publicada de bajas es incompleta: no incluye la cantidad de personal dado de baja por incapacidad dentro del servicio, y esta cifra permanece en la opacidad (la SEDENA dice que no existe en sus archivos).
Según datos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), la cantidad de pensionados por incapacidad en el servicio crece año con año, mientras que la SEDENA contabiliza 1 mil 756 soldados heridos en enfrentamientos desde 2007.
A pesar de que las fuerzas armadas fueron desplegadas para enfrentar a los grupos delictivos, el Ejército logró limitar la tasa de bajas de su personal por agresiones.
Los años más peligrosos para los militares también fueron los años en que más letalidad produjeron: en 2011, la SEDENA reportó 1 mil 297 presuntos delincuentes civiles fallecidos en agresiones, comparado con 40 soldados, un factor de 30 a favor de los militares.
A partir de 2015 la violencia armada empezó a crecer de nuevo en México (reflejada en los homicidios y lesiones causados con arma de fuego), y cada vez se han desplegado más las fuerzas armadas; pero a su vez descendieron las agresiones reportadas por las mismas y las bajas sufridas, comparado con el periodo 2007-2012.
En contraste, por el conteo no oficial de Causa en Común, un promedio de 456 policías perdieron la vida por asesinato cada año entre 2018 y 2021.
Inversión y mejora de condiciones
Otro factor que podría explicar la caída en las deserciones a partir de 2007 es el aumento del presupuesto otorgado a las fuerzas armadas, como resultado de su participación en la llamada guerra contra el narcotráfico y ahora por sus nuevas funciones, como la creación de la Guardia Nacional y la construcción de proyectos de infraestructura, entre otros.
Según la Cuenta Pública, en el 2020 los egresos de la SEDENA excedieron los 124 mil millones de pesos, un incremento de 160% en términos reales sobre el gasto en 2006.
Entre 2006 y 2012 el incremento en el gasto fue del 75%. Aunado a ello, el gobierno de los Estados Unidos destinó recursos a las fuerzas de seguridad y justicia a través de la Iniciativa Mérida, por un total de 3 mil millones de dólares para México hasta el 2021, la mitad erogada entre 2008 y 2011. Finalmente, crecieron los fideicomisos de la SEDENA.
Además de la renovación de equipos e inversión en la industria militar, el aumento presupuestal también se dedicó a mejorar las condiciones laborales del Ejército. Entre 2006 y 2011 la SEDENA emprendió una serie de mejoras en el rango de la tropa (soldados, cabos y sargentos), la jerarquía del Ejército más afectada por deserciones, y duplicó su sueldo básico; además se le otorgó a la tropa una compensación extraordinaria anual de hasta 7 mil pesos, y se agregó un incremento de entre 60% y 90% al sobrehaber, para compensar el aumento en los costos de la vida de sus miembros en la región central del país.
Al inicio de 2021, el sueldo neto mensual para la tropa del Ejército se encontraba entre 12 mil 477 pesos para los soldados y 14 mil 477 para un Sargento Primero. Como referencia de comparación, el ingreso promedio de un policía a finales de 2020 fue 10 mil 316 pesos.
La SEDENA también otorga beneficios como el programa de becas, establecido en el 2009, que hoy en día apoya a 27 mil hijos de militares al año, desde el nivel de educación básica hasta el nivel superior.
Sostenibilidad de las fuerzas armadas
Hoy día las causas más frecuentes de bajas en la SEDENA son la rescisión de contrato (5 mil 969 al año entre 2019 y 2020) y el retiro (4 mil 911 al año); y la frecuencia de ambos motivos de bajas se ha disparado desde 2016-2017. Esto implica una carga para el sistema de pensiones militares, operado por el ISSFAM.
Durante el cuarto trimestre de 2021, el ISSFAM distribuyó 2 mil 123 millones de pesos a 134 mil 125 militares pensionistas cada mes; un incremento de 40% sobre el primer trimestre de 2016 en términos reales, cuando había 100 mil 249 personas en el padrón. El gasto en pensiones es más afectado por los años de servicio de los jubilados, así que la mejora de las condiciones laborales ha afectado su valor total.
La necesidad de mantener el incremento de los recursos destinados a las fuerzas armadas podría explicar quizá en una importante medida la etapa más reciente de militarización en México, siendo ellas ahora encargadas de desempeñar más y más funciones del gobierno no asociadas con la seguridad (véase el Inventario Nacional de lo Militarizado), sobre todo en la construcción de nuevos proyectos de infraestructura.
Uno de los costos al parecer más percibidos por las propias fuerzas armadas ha sido recibir fuertes críticas por parte de la sociedad civil; pero con todo y ello, esta nueva etapa ha implicado crecientes e importantes beneficios, como la construcción de proyectos de infraestructura. Estas obras serán operadas por empresas militares, y el 75% de sus utilidades contribuirá a las pensiones militares.
En cambio, este nuevo perfil multifuncional de las fuerzas armadas no ha implicado que sean sujetas a los mismos requisitos de transparencia y fiscalización; más bien al contrario: mediante un decreto presidencial se declaró que toda obra pública construida por los militares es un tema de seguridad nacional.
Conclusiones
Aunque existe la posibilidad de que la militarización implique un camino riesgoso y costoso para las fuerzas armadas, en el caso de México no solo les ha amortiguado en cierta medida los costos de la llamada guerra contra el narcotráfico, sino que se perciben mejoras materiales cuyo impacto se puede observar en la tasa de deserciones, además del elevado perfil de una institución militar mejor equipada y central al proyecto del gobierno. Este fenómeno podría explicar la razón por lo cuál los secretarios de la Defensa y de la Marina, en vez de guardar la neutralidad política que es tradicional en México, se han declarado a favor de un proyecto de gobierno que busca ampliar sus responsabilidades, aún más allá de la defensa nacional del territorio.
