Como parte del paquete de reformas previstas para este año y posiblemente parte de la agenda del próximo gobierno federal, el presidente López Obrador propone la desaparición del INAI. Con esta medida, cada dependencia del gobierno sería responsable de recibir y gestionar las solicitudes de información, proteger los datos personales y decidir qué información se hace pública.

La serie de Descifrando la Conferencia Presidencial depende en gran parte del uso de las solicitudes de acceso a la información para cuestionar y problematizar el uso de datos oficiales que soportan la construcción de las narrativas políticas. A través de estas publicaciones y nuestras gráficas interactivas, buscamos ayudar a concientizar sobre la existencia de distintas fuentes de información, compartir bases de datos e invitar al público a generar sus propias conclusiones sobre temas de interés público. 

Si se pretende reasignar las atribuciones del INAI entre las dependencias del gobierno, ¿por qué debemos de preocuparnos? En esta entrada te lo explicamos. 

¿Qué hace el INAI?

Desde su creación en 2014, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) ha sido clave para garantizar el derecho de acceso a la información en México, un derecho reconocido en más de 100 países del mundo. El uso de la Plataforma Nacional de Transparencia ha crecido entre las personas que requieren información por parte de fuentes oficiales, con más de 300 mil solicitudes recibidas anualmente a nivel federal. 

Dos tercios de las solicitudes de información pública resultan en la entrega de información que no estaba antes disponible en fuentes públicas, formando parte de un repositorio enorme que cualquier persona puede consultar en línea.

Si la persona solicitante está inconforme con la respuesta recibida (como cuando la institución responsable niega tener la información disponible o alega que está reservada), el INAI tiene la función de decidir sobre el asunto y en su caso, ordenar la publicación de la información a favor de la persona solicitante.

¿Por qué se realizan solicitudes de acceso a la información pública?

Aunque el movimiento que impulsó las leyes en materia de acceso a la información en México se enfocó en abrir los archivos de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado mexicano, el uso del derecho de acceso a la información actualmente es una herramienta también de participación democrática y garante del funcionamiento eficaz del gobierno.

La institución más consultada vía transparencia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

Los temas consultados son (por orden de volumen):  las actividades de las instituciones y la información que generan, salud, compras públicas y contratos, e información sobre servidores públicos.

Las 198 solicitudes de información pública en materia de derechos humanos recibidas entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, además de información sobre las actividades de las dependencias del gobierno y su impacto sobre la ciudadanía,, son de la mayor relevancia para la defensa de tales derechos, la evaluación de políticas públicas y la rendición de cuentas.

¿Qué evidencia tenemos del grado de  transparencia u opacidad, si no existiera el INAI?

Con la desaparición del INAI, no habrá garante al derecho de acceso a la información en México. Los varios retrocesos en materia de acceso a la información no sólo son previsibles: hay una multitud de casos recientes que evidencian la necesidad de fortalecer el papel de las instituciones autónomas para garantizar nuestros derechos.

1. Dependencias del gobierno como las fuerzas armadas engañan respecto a la existencia de la información que debe ser disponible públicamente. 

Solo el INAI es independiente y capaz de emitir resoluciones vinculatorias, definitivas e inatacables para obligar a las dependencias del gobierno a respetar el derecho a la información.

Durante años, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) negaba tener registros sobre el uso de la fuerza letal contra civiles después del 5 de abril de 2014. Sin embargo, una resolución del INAI, impulsada por un grupo de activistas y académicos, determinó que la SEDENA estaba obligada a llevar estos registros y que existían pruebas de que aún lo realizaban.

Si la responsabilidad de ejercer la transparencia hubiera recaído en la contraloría interna de la SEDENA, esta información vital no habría sido divulgada. No es suficiente que el gobierno informe sobre el uso de la fuerza bajo sus propios términos, especialmente cuando nuestro análisis independiente revela la letalidad desbordada del ejército en ciertas regiones donde su personal ha sido videograbado al parecer realizando ejecuciones.

Explora los datos

Sabemos que la controlaría de la SEDENA no habría publicado  información, ya que -a pesar de las resoluciones del INAI o incluso de instrucciones directas del Presidente- la SEDENA ha ocultado datos clave sobre su uso en servicios de intervención en telecomunicaciones con fines de espionaje, su conocimiento en tiempo real de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la existencia de una  'base oculta' de eventos violentos asociados con grupos delictivos. En todos estos casos, la existencia de la información fue confirmada a través de hackeos o filtraciones.

En el cinco por ciento de los casos, las personas que solicitan información pública registran una queja de inconformidad con la respuesta que reciben y se benefician del proceso independiente y abierto de deliberación del INAI. Este sistema es rutinario y esencial para investigaciones como las que realiza el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX, incluso para obtener datos básicos que han sido reportados por las autoridades en conferencias de prensa, como los registros de personas migrantes detenidas. 

En 2023, las resoluciones del INAI han resultado en la publicación de información sobre: niñas, niños y adolescentes en condición de en condición de orfandad por feminicidio; investigaciones e indemnizaciones pagadas en los casos de migrantes fallecidos en el tránsito y detención migratoria; el uso de recursos públicos para comprar insumos a un sobreprecio; el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo y la citotoxicidad de las copas menstruales, entre otros casos.

2. Las instituciones no cumplen con los requisitos legales y estándares básicos de recopilación y publicación de la información que generan

Una función importante del INAI es su interpretación de la ley para determinar qué tipo de información deben elaborar las autoridades. Un ejemplo es los informes pormenorizados sobre el uso de la fuerza, que tanto la SEDENA como la Guardia Nacional niegan producir. Cuando se busca obtener cifras básicas que cuadran entre fuentes oficiales información sobre qué hace la Guardia Nacional, el esfuerzo nacional contra el tráfico de fentanilo, de control de las armas de fuego o la capacitación en materia de derechos humanos en el ejército mexicano, abundan casos en que la documentación es insuficiente, poco confiable e inconsistente entre las diferentes ámbitos del gobierno.

Conclusiones

Las dependencias del gobierno producen enormes cantidades de información y datos. Su adecuada documentación y publicación no es solo importante para la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la protección de los derechos básicos, sino que deben ser la base para un gobierno eficaz, moderno y transparente.

La iniciativa de eliminar las instituciones autónomas representa un retroceso equivalente a más de 20 años en el derecho de acceso a la información en México. Es particularmente preocupante que esta reforma se proponga en un contexto de militarización y militarismo  sin precedentes en la historia contemporánea del país, dado que el movimiento por la transparencia surgió precisamente para esclarecer los delitos de lesa humanidad y el autoritarismo cometidos por el Estado.