El anuncio de que México desplegará 10 mil miembros de la Guardia Nacional en su frontera norte logró rápidamente lo que podría ser su objetivo principal: generó una enorme cantidad de notas de prensa en ambos lados de la frontera y, al menos por ahora, contribuyó a postergar la imposición de aranceles por parte del gobierno del presidente Trump.
La presidenta Sheinbaum afirmó que esta operación, supuestamente dirigida a frenar el tráfico de fentanilo y la migración (prioridades para Estados Unidos), no comprometerá la seguridad en México. Sin embargo, datos oficiales sugieren que la medida no representa un cambio en las prioridades de las instituciones militares (Ejército, Marina y Guardia Nacional), que en los últimos años han incrementado su presencia en la frontera norte.
De los 10 mil tropas enviadas a la frontera norte en febrero 2025, la mayoría se encuentra en municipios fronterizos de Baja California (Tijuana, Tecate y Mexicali), Chihuahua (Nogales, San Luis Río Colorado, Sonoyta y Agua Prieta) y Sonora (Ciudad Juárez, Puerto Palomas y Ojinaga, Chihuahua).
En 2023, Baja California fue el estado en donde más personas fueron detenidas por personal militar, mientras que Sonora fue la entidad con más armas de fuego aseguradas.
El caso de las armas de fuego es ilustrativo: antes de 2022 los militares aseguraban más armas en zonas de alta conflictividad como Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa. En Sonora, los aseguramientos realizados por las fuerzas armadas aumentaron un 83% entre 2021 y 2023, un periodo en el que se registró una disminución tanto en las detenciones efectuadas por militares como en los homicidios cometidos con armas de fuego en la entidad.
El incremento de la actividad militar en Sonora, un punto clave para el tráfico ilegal de armas desde Arizona, parece reflejar un mayor énfasis en el objetivo de frenar el ingreso de armamento al país.
Los estados fronterizos del noroeste registran niveles de violencia armada más altos en comparación con el resto del país. Entre 2019 y 2023, Baja California y Chihuahua fueron las entidades con más homicidios cometidos con arma de fuego per cápita, excepto en 2021, cuando Sonora ocupó el segundo lugar. En Baja California y Chihuahua la mayoría de estos homicidios (en términos absolutos) ocurrieron en los municipios fronterizos de Ciudad Juárez y Tijuana. En Sonora, en cambio, destacan los municipios del sur y la costa como Cajeme, Guaymas y Ensenada, además del fronterizo San Luis Río Colorado.
Por lo tanto, los 10 mil efectivos de la Guardia Nacional están siendo desplegados en estados que enfrentan desafíos en materia de seguridad y donde existe la posibilidad de atender el flujo de armas letales desde Estados Unidos hacia México. No obstante, esta medida ocurre en un contexto preocupante: la orden ejecutiva del presidente Trump para desmantelar las restricciones sobre la venta y posesión de armas implementadas por su predecesor, Joe Biden, así como el debilitamiento crónico del sector civil de seguridad en México.
Un punto crucial sobre la Guardia Nacional, múltiples veces documentado y enfatizado por el Programa de Seguridad Ciudadana, es que aunque su despliegue ha sido ampliamente publicitado, en la práctica otras fuerzas militares han tenido un papel mucho más activo en tareas de seguridad pública durante la última administración. En 2023, la Guardia Nacional reportó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia solo el 10% de las detenciones y el 15% de las armas incautadas por personal militar, a pesar de ser la corporación con mayor número de integrantes desplegados.
Sus informes anuales presentan cifras globales más altas, aunque siguen siendo bajas en términos relativos. Esta tendencia ha sido documentada en nuestro análisis ¿Qué hace la Guardia Nacional?. En el escenario de la operación de la frontera norte los limitados resultados de esta institución sugieren que su despliegue podría responder más a una estrategia de carácter simbólico que a una política efectiva de seguridad pública en México.
*2023 es el último año completo en el cuál se contaba con la Plataforma Nacional de Transparencia para conseguir datos detallados.
