Agenda universitaria para la seguridad ciudadana en vía civil

El paradigma que abrazamos

La seguridad ciudadana es un bien público coproducido con la participación de la sociedad civil y la responsabilización de actores estatales que habilita modos de convivencia democráticos para reducir los riesgos, los temores y los daños de manera efectiva y sostenible, aplicando de manera transversal los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad.

Los nudos estratégicos (nuestra definición del problema)

México se encuentra atrapado en un círculo vicioso. Las crisis de violencias, delincuencia y violaciones graves a los Derechos Humanos son enfrentadas con una política de seguridad pública principalmente enfocada en el uso de la fuerza, la intervención militar y la prisión que solo prolonga dichas crisis. 

El país no ha transitado hacia un paradigma de seguridad ciudadana, debido a la persistencia de los siguientes nudos estratégicos:

  1. Las políticas públicas son de gobierno y no de Estado, impidiendo su consolidación y sostenibilidad;
  2. Dominan enfoques unilaterales y no integrales, obstaculizando su desarrollo multidimensional e impidiendo así políticas armónicas con la seguridad ciudadana;
  3. Colocan en el centro el saber y el quehacer policial -y cada vez más militar- intuitivo, marginando la experiencia, los saberes científicos y nativos necesarios para una perspectiva transdisciplinaria, focalizada e hiper focalizada;
  4. Las políticas son reactivas, marginando el enfoque transversal de la prevención;
  5. No hay identidad y casa para la seguridad ciudadana, impidiendo el liderazgo político articulador en formatos de colaboración multiagencial;
  6. No hay un servicio civil profesional especializado, impidiendo el desarrollo de cuadros expertos;
  7. Es insuficiente la coordinación y la colaboración entre ámbitos de gobierno en perspectiva subsidiaria, obstaculizando el fortalecimiento local;
  8. Reproducen lenguajes y prácticas patriarcales machistas y violentas, debilitando o anulando la transversalización de la perspectiva de género;
  9. Son instrumentalizadas en el contexto de macro procesos de colonización, extractivismo y despojo, funcionando sin reconocer las perspectivas de interculturalidad y sustentabilidad y afectando principalmente a las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad, señaladamente las indígenas;
  10. No hay justificación de las decisiones con base en la comprobación de relaciones causales, socavando la rendición de cuentas;
  11. Es ínfima la participación social en el ciclo de políticas públicas, en especial en su evaluación, dejando al margen a las personas a las que debe servir y proteger;
  12. Hay escasa o en muchas partes nula disponibilidad de referencias de prácticas prometedoras y buenas prácticas, minando el aprendizaje;
  13. La producción de investigación científica basada en evidencia es aún exigua, dejando un vacío ante la necesidad de referencias confiables sobre lo que sí funciona.

La disponibilidad de las políticas e instituciones de la seguridad

Bajo tal contexto, se construye un fenómeno estructural que produce un daño extraordinario: la disponibilidad para propósitos ilegítimos e ilegales de las políticas e instituciones de la seguridad. Su imposible reforma democrática las ha reducido a una condición de tal debilidad que pueden ser manipuladas por parte de actores oficiales, representantes de la sociedad misma y por organizaciones delictivas. 

Al no haber controles democráticos robustos, la seguridad es instrumentalizada como medio de control político y social que garantiza la impunidad para élites públicas y privadas. Esta disponibilidad ayuda a entender la descomposición sistémica que coloca amplios segmentos de las instituciones de seguridad vinculados a tres fenómenos caracterizados desde la investigación académica: la zona gris de vinculación a la delincuencia organizada, la gobernanza criminal y la macro criminalidad.

¿Cómo habilitamos la seguridad ciudadana?

Alternativas para la reconstrucción política, institucional y social:

  1. Agenda política sobre plataforma de incidencia.
    Proponemos consolidar una coalición social a favor de la seguridad ciudadana con agenda de mínimos y estrategias política de incidencia conducida por una mesa permanente de coordinación. No habrá incidencia sin innovación en las metodologías para lograrla.
  2. Pedagogía y comunicación (la disputa de narrativas). La primera y más importante vía de reemplazo del paradigma autoritario hacia el paradigma de la seguridad ciudadana es la pedagogía política y social enfocada a favor de ésta. La propuesta es construir narrativas basadas en plataformas pedagógicas y de comunicación acordes a los formatos actuales. No habrá seguridad ciudadana si ésta no es significada como una promesa convincente.
  3. Investigación aplicada para la incidencia. Habiéndose negado en 1995 la inclusión del Centro Nacional de Investigaciones en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se ha acumulado en 27 años una plataforma de prácticas promisorias y buenas prácticas basadas en evidencia. La propuesta es construir en las instituciones de educación superior centros especializados vinculados a la toma de decisiones (hemos documentado decenas de centros de pensamiento que lo hacen a lo largo del mundo). 
  4. Programas escolarizados de alta especialidad. La agenda de los centros de investigación aplicada o de departamentos y facultades de las universidades debe vincularse al diseño de programas innovadores en seguridad ciudadana orientados a la incidencia, desarrollando personas expertas vinculadas a la vez a la investigación y a la formación (buena práctica formativa).
  5. Programas no escolarizados para el aprendizaje acelerado por parte de operadores de gobierno. Proponemos multiplicar la oferta de programas de formación en aspectos técnicos útiles para su aplicación práctica por parte de operadores de gobiernos que no cuentan con referentes de mejora. La agenda de contenidos debe ser construida con las propias instituciones, dialogando con gobiernos ubicados en desarrollo nulo, medio y avanzado en políticas de seguridad ciudadana.
  6. Laboratorios sociales de innovación. La sociedad civil organizada y la academia ya cuentan con experiencias y saberes que muchas veces incluyen la mejor evidencia disponible para responder qué funciona y qué no funciona para reducir las violencias. Las metodologías de laboratorios sociales de innovación instalan espacios de auténtico diálogo y escucha profunda y activa y fuerzan la construcción de “prototipos” para resolver problemas concretos. Su instalación debe aprovechar las metodologías de diálogo que ya usan las organizaciones y los colectivos, enfatizando el compromiso de construir propuestas concretas de aplicación práctica.
  7. Centro Nacional de Evaluación y Certificación de Servicios de Seguridad Pública. Proponemos reemplazar el Sistema Nacional de Seguridad Pública con este Centro. Este órgano aprendería de entidades oficiales y académicas que ya hacen evaluación de políticas públicas y de experiencias de certificación en los ámbitos público y privado. Diseñado como un órgano de Estado autónomo y sujeto a un órgano de gobierno ciudadanizado, el Centro sería entidad que podría reconocer con validez el cumplimiento de estándares de servicio homologados para la prevención, la función policial, la investigación de los delitos y la reinserción social.
  8. Unidades modelo de liderazgo para la seguridad ciudadana. Los gobiernos necesitan saber cómo redirigir su política de seguridad hacia el paradigma de la seguridad ciudadana. Proponemos diseñar marcos de referencia que orienten hacia el objetivo, el plan estratégico, el diseño orgánico y los estándares de operación de unidades coordinadoras respaldadas por los poderes ejecutivos locales.
  9. Reforma policial democrática. Ya cuenta México con experiencia práctica de mejora policial en algunos municipios, entidades y en la Ciudad de México. Su documentación sin embargo es exigua o nula. La reforma policial democrática necesita referentes de conocimiento creíbles; las universidades deben participar publicando muestrarios de mejoras documentadas con los métodos aceptados, tarea a ser implementada por las entidades de investigación aplicada para la incidencia. Esta propuesta ha sido validada por muchos años en entrevistas con operadores policiales de los tres órdenes de gobierno.
  10. Justicia transicional. Nos postulamos a favor de avanzar en la activación de auténticos mecanismos de Justicia Transicional, trazando una pedagogía que vincule las atrocidades y su repetición con la reproducción del paradigma fallido hegemónico de seguridad.