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Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
¿Qué sigue después del 1 de junio?
El país se encamina ahora hacia las siguientes etapas del calendario: del 1 al 10 de junio se realizaron los cómputos distritales, el 28 de agosto se resolverán las impugnaciones, y el 1 de septiembre las y los nuevos jueces, magistrados y ministros tomarán protesta ante el Senado. A ello seguirá una segunda fase electoral en 2027, donde se elegirá al resto del Poder Judicial.
Este rediseño institucional no es menor. El acceso a la justicia no se garantiza solo cambiando los nombres de quienes imparten sentencias. La raíz de la impunidad estructural en México está en las fiscalías, en la corrupción institucionalizada y en la exclusión de víctimas y comunidades de los procesos de toma de decisión que les atraviesan. Reformar un sistema judicial ineficiente es urgente, pero hacerlo al costo de erosionar su independencia puede acarrear consecuencias graves y duraderas.
Hoy más que nunca, es urgente advertir: proteger los equilibrios democráticos no es un asunto técnico, es una responsabilidad política y ética. Sin contrapesos reales, no hay democracia que aguante. Y sin justicia independiente, no hay seguridad que valga.
¿Qué sigue después del 1 de junio?
El país se encamina ahora hacia las siguientes etapas del calendario: del 1 al 10 de junio se realizaron los cómputos distritales, el 28 de agosto se resolverán las impugnaciones, y el 1 de septiembre las y los nuevos jueces, magistrados y ministros tomarán protesta ante el Senado. A ello seguirá una segunda fase electoral en 2027, donde se elegirá al resto del Poder Judicial.
Este rediseño institucional no es menor. El acceso a la justicia no se garantiza solo cambiando los nombres de quienes imparten sentencias. La raíz de la impunidad estructural en México está en las fiscalías, en la corrupción institucionalizada y en la exclusión de víctimas y comunidades de los procesos de toma de decisión que les atraviesan. Reformar un sistema judicial ineficiente es urgente, pero hacerlo al costo de erosionar su independencia puede acarrear consecuencias graves y duraderas.
Hoy más que nunca, es urgente advertir: proteger los equilibrios democráticos no es un asunto técnico, es una responsabilidad política y ética. Sin contrapesos reales, no hay democracia que aguante. Y sin justicia independiente, no hay seguridad que valga.
¿Qué sigue después del 1 de junio?
El país se encamina ahora hacia las siguientes etapas del calendario: del 1 al 10 de junio se realizaron los cómputos distritales, el 28 de agosto se resolverán las impugnaciones, y el 1 de septiembre las y los nuevos jueces, magistrados y ministros tomarán protesta ante el Senado. A ello seguirá una segunda fase electoral en 2027, donde se elegirá al resto del Poder Judicial.
Este rediseño institucional no es menor. El acceso a la justicia no se garantiza solo cambiando los nombres de quienes imparten sentencias. La raíz de la impunidad estructural en México está en las fiscalías, en la corrupción institucionalizada y en la exclusión de víctimas y comunidades de los procesos de toma de decisión que les atraviesan. Reformar un sistema judicial ineficiente es urgente, pero hacerlo al costo de erosionar su independencia puede acarrear consecuencias graves y duraderas.
Hoy más que nunca, es urgente advertir: proteger los equilibrios democráticos no es un asunto técnico, es una responsabilidad política y ética. Sin contrapesos reales, no hay democracia que aguante. Y sin justicia independiente, no hay seguridad que valga.
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