Introducción
La militarización de las políticas migratorias en México ha emergido como un tema de creciente relevancia en el debate tanto nacional como internacional, especialmente en el contexto de los flujos migratorios que han aumentado significativamente en los últimos años. México, como país de tránsito y destino para migrantes, principalmente provenientes de Centro y Sudamérica, enfrenta un desafío complejo que involucra no solo la gestión del movimiento humano, sino también la protección de los derechos humanos de estas poblaciones vulnerables. La transformación del enfoque del gobierno mexicano hacia la migración ha estado marcada por una tendencia a priorizar la seguridad nacional sobre la protección de los derechos fundamentales, lo que ha llevado a la implementación de estrategias que involucran a las fuerzas armadas en la vigilancia y control de las fronteras.
Desde la década de 1980, México ha instaurado políticas migratorias cada vez más estrictas en respuesta al aumento del flujo migratorio hacia Estados Unidos. La Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 fue un hito que permitió regularizar a millones de migrantes, pero también sentó las bases para un enfoque restrictivo que culminaría en la militarización de las fronteras y el uso de fuerzas armadas para controlar el flujo migratorio (Nájar, 2022). En 1994, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y operaciones como “Guardián” y “Río Grande”, México adoptó una postura alineada con las estrategias estadounidenses, justificando estas medidas bajo argumentos de seguridad nacional que consideraban a las personas migrantes como una amenaza potencial para el país (Calva Sánchez & Torre Cantalapiedra, 2021).
México adoptó una postura alineada con las estrategias estadounidenses
La militarización se intensificó durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), cuando se implementaron políticas para combatir el narcotráfico que llevaron a un aumento significativo en la violencia y violaciones a los derechos humanos. Este enfoque marcó un precedente peligroso al permitir que las fuerzas armadas intervinieran en cuestiones internas relacionadas con la seguridad pública (Pereyra, 2012). A pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de adoptar un enfoque humanitario hacia la migración, las presiones externas, especialmente desde Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, llevaron a una transformación drástica en las políticas migratorias. En 2019, ante amenazas arancelarias por parte del gobierno estadounidense, México desplegó a la Guardia Nacional a lo largo de sus fronteras para contener el flujo migratorio, lo que marcó un cambio radical hacia un enfoque militarizado (Salazar et al., 2021).
La creación de la Guardia Nacional fue concebida inicialmente como una fuerza híbrida destinada a combatir el crimen organizado y mantener la seguridad pública; sin embargo, su implementación ha resultado en un aumento significativo del poder militar en asuntos civiles. Esto ha llevado a un incremento en las violaciones a los derechos humanos, con reportes alarmantes sobre detenciones arbitrarias y maltratos físicos a migrantes, así como violencia sexual contra mujeres y niños (Brewer & Verduzco, 2023). Además, se ha observado un aumento en las deportaciones de migrantes centroamericanos, incluso aquellos que requieren protección internacional, lo que refleja una falta alarmante de acceso a procedimientos adecuados para solicitar asilo (Brewer & Verduzco, 2023).
Las condiciones humanitarias para muchas personas migrantes en México son deplorables; muchas y muchos viven en campamentos improvisados expuestos a múltiples riesgos sin posibilidad clara de avanzar o regresar a su país natal. Organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado su preocupación por estas circunstancias y han abogado por políticas que protejan y asistan a las personas migrantes (OIM, 2021). La situación actual no solo plantea desafíos éticos y humanitarios significativos, sino que también tiene profundas implicaciones económicas y sociales. El desvío de recursos hacia operaciones militares ha afectado negativamente programas sociales esenciales destinados al desarrollo económico y social (Rosales Atilano et al., n.d.).
Este documento se propone explorar detalladamente estos temas mediante un análisis exhaustivo del contexto histórico que ha llevado a la militarización actual de las políticas migratorias en México. Se examinarán los marcos teóricos sobre migración y derechos humanos, se identificarán los tipos de violencia sufrida por mujeres migrantes y se evaluará el impacto directo e indirecto de estas políticas. Finalmente, se ofrecerán conclusiones sobre cómo abordar estos problemas desde una perspectiva que respete los derechos humanos y promueva soluciones sostenibles.
Contexto histórico de la militarización en México
La militarización de las políticas migratorias tiene raíces históricas que se remontan a varias décadas. En los años 80, se instauraron políticas migratorias más estrictas como respuesta al creciente flujo migratorio hacia Estados Unidos. La Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 reguló a millones de migrantes y estableció un enfoque restrictivo que culminó en la militarización de las fronteras y el uso de fuerzas armadas para controlar el flujo (Nájar, 2022). En 1994, México adoptó una postura alineada con Estados Unidos, influenciada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y operaciones como “Guardián” y “Río Grande”, justificando estas estrategias bajo argumentos de seguridad nacional que consideraban a las personas migrantes como una amenaza (Calva Sánchez & Torre Cantalapiedra, 2021).
Durante el sexenio de Felipe Calderón, se intensificó la militarización bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Esta estrategia no solo incrementó la violencia, sino que también sentó un precedente para la participación militar en asuntos internos. A pesar de las promesas de AMLO de adoptar un enfoque humanitario hacia la migración, las presiones externas llevaron a una transformación drástica en las políticas migratorias. En 2019, ante amenazas arancelarias por parte del entonces presidente Donald Trump, México desplegó a la Guardia Nacional en sus fronteras para contener el flujo migratorio, marcando un cambio radical hacia un enfoque militarizado (Salazar et al., 2021).
La Guardia Nacional fue instaurada en 2019 por AMLO con la misión inicial de combatir el crimen y mantener la seguridad pública; esta institución fue concebida como una fuerza híbrida, contando con elementos tanto militares como civiles, pero con un mando totalmente militar (Guevara, n.d.). Durante el sexenio de AMLO, los militares asumieron más responsabilidades que tradicionalmente eran realizadas por civiles, lo que les ha otorgado más poder y control en la esfera pública. Lo cual ha tenido varios impactos negativos dentro del contexto mexicano.
Marco Teórico sobre Migración y Derechos Humanos
La migración es un fenómeno complejo que ha evolucionado en respuesta a diversas dinámicas sociales, económicas y políticas. En el contexto mexicano, las políticas migratorias son un conjunto de normas, leyes, estrategias y acciones implementadas para regular el movimiento de personas a través de las fronteras. Estas políticas abarcan varios aspectos de la migración, desde el ingreso a México, la estancia y el tránsito dentro del país, hasta la salida de las personas migrantes, así como la protección de sus derechos (Cámara de diputados, 2024).
Políticas Migratorias en México
El Instituto Nacional de Migración (INM) es la autoridad máxima en materia migratoria en México. Es responsable de la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en el territorio nacional. Además, el INM lleva y mantiene actualizado el Registro Nacional de Extranjeros, herramienta fundamental para el control y seguimiento de la situación migratoria de las personas extranjeras en el país (Cámara de diputados, 2024). Un registro actualizado permite a las autoridades identificar tendencias, necesidades y áreas que requieren atención, así como evaluar el impacto de las políticas existentes.
La Secretaría de Gobernación establece las políticas generales migratorias y supervisa al INM. Esta secretaría tiene la capacidad para imponer sanciones y establecer requisitos para el ingreso de extranjeros al país. Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores colabora con el INM en la promoción y ejecución de instrumentos internacionales relacionados con la migración, como el retorno asistido de mexicanos y extranjeros (Cámara de diputados, 2024).
Derechos Humanos y Migración
Las políticas migratorias deben estar alineadas con los principios de derechos humanos. Esto implica que las autoridades tienen la responsabilidad de capacitar en materia de derechos humanos e igualdad de género a diversos grupos, incluyendo funcionarios del INM, personal de seguridad y vigilancia en estaciones migratorias. La capacitación es fundamental para garantizar que se respeten los derechos humanos durante los procesos migratorios (Cámara de diputados, 2024).
Existen acciones interinstitucionales que buscan abordar los desafíos relacionados con la migración. Estas acciones implican la colaboración entre diferentes instituciones y organismos gubernamentales para crear un enfoque unificado que permita abordar las múltiples dimensiones del fenómeno migratorio, desde la seguridad hasta la protección de derechos (Cámara de diputados, 2024).
Militarización y Seguridad Nacional
La creciente violencia asociada al crimen organizado y al tráfico de personas ha llevado al gobierno mexicano a recurrir a las fuerzas armadas para abordar estos problemas, especialmente en las fronteras y rutas migratorias clave. Este enfoque militarizado busca generar control fronterizo mediante operativos militares destinados a prevenir el cruce ilegal de personas y mercancías (Cámara de Diputados, 2024). Sin embargo, esta militarización ha suscitado preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos.
La participación militar en asuntos públicos ha incrementado las violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y maltratos físicos a migrantes. Las condiciones en que se encuentran muchos migrantes reflejan una crisis humanitaria significativa; viven en campamentos improvisados expuestos a múltiples riesgos sin posibilidad clara de avanzar o regresar a su país natal (Martínez, n.d.). Este contexto plantea una problemática urgente que requiere ser analizada desde una perspectiva integral que considere la seguridad y los derechos humanos.
En este sentido, es fundamental destacar la importancia de un enfoque de seguridad ciudadana como alternativa. A diferencia de la seguridad nacional, que prioriza la defensa del Estado frente a amenazas externas, y de la seguridad pública, que se centra en la prevención y control del delito, la seguridad ciudadana pone en el centro a las personas y sus derechos. Este paradigma busca garantizar condiciones de bienestar, justicia y protección para todas las personas, priorizando el fortalecimiento del tejido social y el respeto a los derechos humanos.
La militarización en respuesta a problemas complejos como el narcotráfico y la violencia organizada debe ser evaluada con cautela. Si bien puede ofrecer soluciones a corto plazo, también puede exacerbar la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales. Por ello, resulta imperativo que se implementen políticas integrales que aborden las causas estructurales de estos fenómenos y promuevan una mayor participación de la sociedad civil en el diseño e implementación de soluciones.
Este artículo, desarrollado desde el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC), subraya la necesidad de transitar hacia enfoques más humanitarios e inclusivos en la gestión migratoria. La implementación efectiva de estas políticas debe considerar tanto la seguridad como la protección de derechos, asegurando mecanismos claros que prevengan la violación de los derechos humanos. De esta forma, se podrá avanzar hacia un modelo de seguridad que no solo sea funcional, sino también respetuoso de la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas.
Tipos de Violencia Sufrida por Mujeres Migrantes
Las mujeres migrantes son particularmente vulnerables a diversas formas de violencia durante su trayecto, enfrentando riesgos significativos que se agravan en contextos de militarización y control fronterizo. La violencia que sufren no solo proviene de actores criminales, sino también de las propias autoridades encargadas de su protección. A continuación, se describen los principales tipos de violencia que experimentan las mujeres migrantes:
1. Violencia Física
La violencia física es una de las formas más evidentes y devastadoras que enfrentan las mujeres migrantes. Muchas de ellas son víctimas de agresiones físicas tanto por parte de grupos delictivos como de agentes del estado. Esta violencia puede manifestarse en golpizas, torturas y otros actos de agresión que buscan intimidar y controlar a las migrantes. Las condiciones precarias en las que se encuentran, especialmente en campamentos improvisados o estaciones migratorias, aumentan su exposición a estas agresiones (Martínez, n.d.). En 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que los secuestros a mujeres migrantes aumentaron de 161 en 2022 a 221 en 2023, lo que representa un incremento del 37% (Nochebuena, 2024)
2. Violencia Sexual
La violencia sexual es una realidad alarmante para muchas mujeres en tránsito. Se estima que un alto porcentaje de mujeres migrantes sufren abusos sexuales durante su viaje, ya sea por parte de traficantes, miembros del crimen organizado o incluso por autoridades encargadas de su detención (Brewer & Verduzco, 2023). Esta forma de violencia no solo causa daños físicos y psicológicos severos, sino que también perpetúa el ciclo de deshumanización y vulnerabilidad al que están sometidas las migrantes. Se estima que entre el 24% y el 80% de las mujeres migrantes experimentan alguna forma de violencia sexual durante su tránsito (ONU Mujeres México, 2020). En el último trimestre de 2023, Médicos Sin Fronteras (MSF) documentó un incremento del 70% en las consultas por violencia sexual en Reynosa y Matamoros, atendiendo 395 casos de víctimas de violencia y 129 casos de secuestros (Nochebuena, 2024).
3. Trata de Personas
La trata de personas es una forma extrema de violencia sexual que afecta a muchas mujeres migrantes. Los traficantes a menudo utilizan engaños para atraer a mujeres jóvenes con la promesa de empleo o una vida mejor, solo para explotarlas sexualmente una vez que están bajo su control. Este fenómeno es particularmente prevalente en rutas migratorias donde la vigilancia es escasa y la impunidad prevalece (Nájar, 2022). Se estima que más del 65% de las mujeres migrantes contratan a un traficante para realizar su viaje a través de México, lo que las hace vulnerables a la explotación sexual (Kuhner, 2011).
4. Violencia Psicológica
La violencia psicológica incluye una serie de abusos emocionales y mentales que afectan la salud mental y el bienestar general de las mujeres migrantes. Esta forma de violencia puede manifestarse a través del acoso verbal, la intimidación y la amenaza constante de deportación o detención (Córdova Cantú, 2024). La incertidumbre sobre su estatus migratorio y el miedo a represalias pueden llevar a un estado constante de ansiedad y depresión. Un estudio reveló que el 27.3% de las mujeres migrantes reportaron amenazas de lesiones y un 20.4% experimentaron control sobre sus actividades y recursos (INEGI, 2014)
5. Violencia Institucional
La violencia institucional se manifiesta en las acciones u omisiones del Estado y sus instituciones que perpetúan la vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Esto abarca la negación de acceso a servicios esenciales, como atención médica, asistencia legal y refugios seguros (OIM, 2021). Con frecuencia, las autoridades no solo desatienden los derechos humanos fundamentales de las migrantes, sino que también contribuyen activamente a su victimización a través de detenciones arbitrarias y maltratos.
6. Violencia Económica
La violencia económica se refleja en la explotación laboral y la falta de acceso a recursos esenciales para la supervivencia durante el proceso migratorio. Muchas mujeres se ven obligadas a aceptar empleos precarios y mal remunerados bajo condiciones abusivas para poder sostenerse en su travesía (Rosales Atilano et al., n.d.). De hecho, un 30% de las mujeres migrantes reporta haber enfrentado situaciones laborales abusivas (Torre Cantalapiedra, 2021). Esta precariedad económica incrementa su vulnerabilidad frente a otras formas de violencia.
7. Impacto del Crimen Organizado
El crimen organizado juega un papel crucial en la violencia sufrida por mujeres migrantes. Las organizaciones criminales controlan muchas rutas migratorias y utilizan tácticas violentas para mantener su dominio sobre estas áreas. Según los registros, las organizaciones criminales han sido responsables de más de 10,000 secuestros documentados en un periodo de seis meses durante años anteriores (Kuhner, 2011). Las mujeres son vistas como objetos para ser explotados o como una carga adicional en un sistema ya violento (Pereyra, 2012). Esto crea un ambiente donde la violencia se normaliza y las víctimas quedan atrapadas sin opciones viables para escapar.
La multiplicidad y gravedad de las formas de violencia sufridas por mujeres migrantes reflejan un sistema profundamente arraigado que perpetúa la desigualdad y la vulnerabilidad. La militarización de las políticas migratorias ha exacerbado estas situaciones al aumentar el control estatal sobre los cuerpos y movimientos de las migrantes, pero también al facilitar un entorno donde la impunidad prevalece. Es fundamental abordar estas violencias desde un enfoque que considere no solo la seguridad física, sino también el respeto a los derechos humanos fundamentales.
Las políticas deben enfocarse en garantizar protección efectiva para todas las personas migrantes, especialmente aquellas en situaciones más vulnerables como las mujeres. Esto incluye el establecimiento de mecanismos claros para denunciar abusos, así como el acceso a servicios médicos, legales y psicológicos adecuados.
Conclusiones
La militarización de las políticas migratorias en el territorio mexicano ha profundizado la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, quienes enfrentan múltiples formas de violencia a lo largo de su tránsito. Este enfoque no solo ha incrementado los riesgos físicos, sexuales, psicológicos e institucionales, sino que también ha desviado recursos esenciales hacia estrategias de control y represión, dejando desprotegidas a quienes más lo necesitan.
Las políticas militarizadas no han logrado garantizar la seguridad de las mujeres migrantes; por el contrario, han contribuido a un entorno de impunidad y exclusión que perpetúa su precariedad. Para mitigar este impacto, es urgente transitar hacia un modelo de gestión migratoria que priorice la protección integral y los derechos humanos de las mujeres, identificando las desigualdades de género como un eje central.
Un enfoque de seguridad ciudadana, basado en la atención de necesidades específicas y en la construcción de entornos seguros y equitativos, es indispensable para transformar las políticas migratorias en México. Solo así será posible garantizar condiciones de tránsito más justas y humanas para las mujeres migrantes.
Referencias
1. Brewer, S., & Verduzco, A. L. (2023). Transformación militarizada: Derechos humanos y controles democráticos en un contexto de creciente militarización en México.
2. Calva Sánchez, L. E., & Torre Cantalapiedra, E. (2021). Cambios y continuidades en la política migratoria durante el primer año del gobierno de López Obrador.
3. Guevara, I. (n.d.). De una fuerza de combate en plena modernización a gerentes del desarrollo nacional: Las fuerzas armadas de México bajo AMLO.
4. INEGI. (2014). Mujeres en la Migración. Organización Internacional para las migraciones. https://www.inegi.org.mx/eventos/2014/genero/doc/p_MonserratHdez.pdf
5. Kuhner, G. (2011, Junio). La violencia contra las mujeres migrantes en tránsito por México. Opinión y debate. https://corteidh.or.cr/tablas/r26820.pdf
6. Martínez, C. (n.d.). LA FRONTERA SUR ES UNA TORTURA SILENCIOSA: MISIÓN DE OBSERVACIÓN.
7. Nájar, A. (2022). México: la vieja historia de controlar la migración con militares.
8. Nochebuena, M. (2024, marzo 8). Incrementa violencia sexual contra mujeres migrantes en la frontera norte de México. Animal Político. https://animalpolitico.com/genero-y-diversidad/violencia-sexual-mujeres-migrantes-aumenta-frontera-norte
9. OIM (2021). Agencias de la ONU expresan preocupación frente al deterioro de las condiciones humanitarias.
10. ONU Mujeres México. (2020). Mujeres migrantes y refugiadas en el contexto de la COVID-19. ONU Mujeres México. https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/abril-2020/mujeres-migrantes-y-refugiadas-en-el-contexto-de-la-covid19
11. Pereyra, G. (2012). México: violencia criminal y “guerra contra el narcotráfico”.
12. Rosales Atilano, S., Peña, E., & López, A. M. (n.d.). Una aproximación de la militarización y la pobreza – Seguridad Vía Civil.
13. Salazar, J., Eduvijes, D., & Morales Brito, J. (2021). Política y discurso en el tratamiento al tema migratorio de la 4T.
14. Torre Cantalapiedra, E. (2021, Julio 15). Mujeres migrantes en tránsito por México. La perspectiva cuantitativa y de género. SciELO. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-94362021000200209&script=sci_arttext
