Introducción
La militarización de la seguridad pública en México es un fenómeno complejo, el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se ha ido intensificando tras el inicio de la llamada “guerra contra las drogas”; de esta manera, el gobierno mexicano ha justificado la militarización de la seguridad pública argumentando que es necesaria para combatir la violencia y el crimen organizado. En este contexto, la militarización de la seguridad pública en México es un tema que ha generado un debate en el país.
En este sentido, la política migratoria en México ha tenido un proceso de militarización, en el cual el enfoque de “seguridad” prevalece sobre el humanitario, pues los cuerpos militares se les ha adjudicado funciones en materia migratoria que van en contra de las disposiciones normativas en el ámbito internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados: se han incorporado militares y exmilitares como parte de la estructuras del Instituto Nacional de Migración (INM).
En general, la militarización de la frontera sur de México es un fenómeno que se intensificó en los últimos años, impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues desde 2019, el gobierno mexicano ha desplegado miles de elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y Belice. Como consecuencia de esta militarización, se ha generado un impacto negativo en los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo; las organizaciones de derechos humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.
Es importante evaluar los costos y beneficios de esta política para determinar si es la mejor estrategia para garantizar la seguridad de la población. Considero un punto fundamental que se promueva un enfoque basado en los derechos humanos y se busquen soluciones integrales y humanitarias para abordar los desafíos de la migración, esto implica garantizar el respeto y la protección de los derechos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria, y trabajar en colaboración con los países de origen y tránsito para abordar las causas estructurales de la migración forzada.
El objetivo del proyecto es visibilizar las violaciones a los derechos humanos que se realizan en la frontera sur de México debido al fenómeno de la frontera sur, así como promover un enfoque más humano y respetuoso de los derechos de las personas migrantes. Sin embargo, actualmente se enfrentan tres problemáticas: (a) la falta de conocimiento y comprensión de la seguridad ciudadana dentro de la población mexicana -es un tema complejo que involucra a diversos actores y factores-, (b) la falta de participación ciudadana -fundamental para la construcción de una seguridad ciudadana efectiva-, y (c) la falta de coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales -lo cual dificulta la implementación de políticas públicas efectivas de seguridad ciudadana-.
Posibles causas del fenómeno de militarización
Las causas de la militarización de la frontera sur de México son complejas y multifactoriales, pero la principal causa de este fenómeno es la asunción del control migratorio por parte de las fuerzas armadas y militares.
En virtud de lo anterior, no podemos dejar de mencionar a la política migratoria de Estados Unidos, que ha sido cada vez más restrictiva en los últimos años, lo que ha llevado a un aumento de la presión sobre las autoridades mexicanas para que controlen la frontera sur. Esta presión ha llevado al gobierno mexicano a militarizar la frontera y a aumentar el despliegue de fuerzas armadas en la zona. En este sentido, las personas migrantes que intentan cruzar la frontera sur de México se enfrentan a un mayor riesgo de violencia, detención arbitraria y deportación.
La intervención de militares en el INM es una práctica inadecuada para la protección de los derechos humanos, por lo que ha sido criticada por organizaciones nacionales e internacionales, pues señalan que los militares no están capacitados para realizar funciones migratorias y que son más propensos a cometer violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, las autoridades mexicanas argumentan que esta medida era necesaria para reforzar el control migratorio y para combatir el tráfico de personas.
Principales consecuencias sociales y económicas del fenómeno de militarización
La militarización de la frontera sur de México ha tenido una serie de consecuencias negativas, tanto para las personas migrantes como para la sociedad mexicana en general. Entre las principales consecuencias se encuentran las siguientes:
- Violaciones a los derechos humanos: se han documentado numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares en la frontera sur; estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, maltrato físico y psicológico, violencia sexual y desapariciones forzadas.
- Criminalización de la migración: La presencia militar en la frontera sur ha contribuido a la criminalización de la migración. Las personas migrantes son percibidas como una amenaza a la seguridad nacional, tratándolas como delincuentes en lugar de reconocer su condición de personas en busca de protección o mejores condiciones de vida. Esto ha generado un clima de rechazo y hostilidad hacia ellas. Esta criminalización de la migración se refleja en las políticas públicas migratorias, que están cada vez más orientadas al control y la contención de la migración irregular. Esto ha llevado a un aumento de las deportaciones y a una reducción de las posibilidades de acceso a la protección internacional para las personas migrantes.
- Aumento de la violencia y la inseguridad en la zona: En el ámbito nacional, la militarización ha llevado a un aumento de la violencia y la inseguridad que afecta gravemente a los ciudadanos mexicanos que habitan la zona sur del país. La presencia de fuerzas militares y policiales en la zona aumenta los niveles de hostigamiento, acoso y violación a los derechos humanos de migrantes, incluyendo detenciones arbitrarias, abusos físicos y verbales, y extorsión. Esto no solo afecta a los migrantes, sino también a las comunidades locales que viven cerca de la frontera, quienes también son sometidas a la presencia y actitudes de los militares.
- Ausencia de soluciones estructurales: La militarización de la frontera sur no aborda las causas subyacentes de la migración forzada, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. En lugar de ofrecer soluciones estructurales, se enfoca en medidas de control y contención que no resuelvan los problemas de fondo. Esta ausencia de soluciones estructurales ha contribuido a la intensificación de la crisis migratoria en México y en el mundo.
Violaciones a derecho humanos
Las violaciones a los derechos humanos son una de las consecuencias más graves de la militarización de la frontera sur de México. El abuso económico por parte de las autoridades para dejar pasar a migrantes a territorio mexicano es una práctica que se ha documentado en la frontera sur del país desde hace varios años.
Estas prácticas son una clara violación a los derechos humanos. La erradicación del abuso económico por parte de las autoridades para dejar pasar a migrantes a territorio mexicano es una tarea compleja que requiere el compromiso de las autoridades mexicanas, de la sociedad civil y de la comunidad internacional. A pesar de que estas violaciones han sido documentadas por numerosas organizaciones de derechos humanos, las autoridades mexicanas no han tomado medidas para investigarlas y sancionar a los responsables.
En este sentido, la militarización de la frontera sur de México es una política pública que ha demostrado ser ineficaz para reducir la migración. Es necesario que las autoridades mexicanas abandonen la militarización de la seguridad pública y adopten un enfoque basado en los derechos humanos, esto implica garantizar el respeto y la protección de los derechos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria.
