Una aproximación de la militarización y la pobreza

Sofía Rosales Atilano
Estudiante de Economía
Reflexión sobre el tránsito de una política de seguridad pública a una militarizada y un acercamiento a la militarización y la pobreza.
CONTENIDOS

Introducción

La seguridad ciudadana en México es un tema de importancia crítica que ha sido objeto de creciente preocupación y debate en las últimas décadas. La persistente escalada de la violencia, los altos índices de criminalidad y la creciente militarización de la seguridad pública han planteado desafíos sustanciales para la estabilidad y el bienestar de la sociedad mexicana. En este contexto, la Universidad Iberoamericana ha asumido un papel destacado a través de su Programa de Seguridad Ciudadana, el cual se distingue por su enfoque integral y su dedicación a abordar tanto la militarización como la cuestión de la pobreza en relación con la seguridad.[1]

Este análisis se propone explorar en detalle dos aspectos cruciales del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. En primer lugar, se examinará su enfoque en la militarización de la seguridad pública, que ha sido una característica distintiva de la estrategia de seguridad implementada en México en las últimas décadas. La militarización, a menudo promovida como una respuesta a la crisis de seguridad, ha planteado importantes interrogantes en torno a la efectividad, la protección de los derechos humanos y la relación entre el Estado y la sociedad civil. 

En segundo lugar, este análisis se enfocará en la perspectiva del programa sobre la relación entre la seguridad ciudadana y la pobreza. La pobreza, en sus diversas manifestaciones, a menudo está vinculada a la inseguridad y la violencia en México, ya que los grupos históricamente vulnerados son particularmente vulnerables a la delincuencia y la violencia. El Programa de Seguridad Ciudadana busca comprender y abordar este vínculo complejo, reconociendo que una política de seguridad eficaz no puede pasar por alto las cuestiones de desigualdad y exclusión social.

Militarización de la seguridad pública

La militarización de la seguridad pública es un tema de debate constante. Su efectividad en la reducción de la violencia y la delincuencia es objeto de debate. Aunque puede lograr resultados a corto plazo, sus beneficios a largo plazo pueden ser limitados. Además, la militarización de la seguridad pública debe cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos, lo que significa que los Estados que utilizan fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública están obligados a respetar los derechos fundamentales de las personas.

Los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador basaron su política de seguridad en un aumento en el uso del personal militar en tareas de seguridad pública debido, según sus perspectivas, a la falta de capacidad de las fuerzas policiales en México.[2] Por ejemplo, Peña Nieto atribuyó el surgimiento de bandas criminales más pequeñas a partir de 2014 a la falta de capacidades policiales a nivel local para enfrentar eficazmente esta amenaza. El presidente López Obrador respondió a esta situación creando la Guardia Nacional, que tiene un componente militar, sin invertir significativamente en el fortalecimiento de las instituciones policiales. Esto ha llevado a diversas dependencias gubernamentales a identificar la falta de capacidad policial como un obstáculo importante en la estrategia de seguridad.

El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica reconoce que uno de los problemas fundamentales en todas las policías en México es la limitación en sus fuerzas, lo que resulta en la incapacidad de cubrir adecuadamente los turnos y sectores de vigilancia en ciudades y regiones. Esta situación ha creado un desequilibrio creciente entre las fuerzas de seguridad civiles y militares en el país, lo que tiene importantes implicaciones para la estrategia de seguridad en México, planteando preguntas importantes sobre su eficacia y sus implicaciones para la seguridad y los derechos humanos.

Un aspecto fundamental de esta dinámica que merece un análisis más profundo es su relación con la pobreza en México. ¿Cómo se entrelazan la militarización de la seguridad pública y la lucha contra la pobreza? ¿Cuáles son las consecuencias de esta relación para las comunidades más vulnerables del país? En la siguiente sección, exploraremos cómo la militarización ha afectado a las zonas en situación de pobreza en México y analizaremos las implicaciones de esta conexión en el contexto de la seguridad y el bienestar social.

Pobreza y militarización

La relación entre la pobreza y la militarización es compleja y multifacética. Algunas formas en que se relacionan son que, por ejemplo, las comunidades empobrecidas a menudo son más vulnerables a la violencia y la delincuencia. La militarización puede afectar de manera desproporcionada a estas comunidades, ya que pueden convertirse en zonas de conflicto y enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos criminales. Esto puede exacerbar la inseguridad en áreas ya afectadas por la pobreza.

Es posible que la militarización a veces se lleve a cabo a expensas de la inversión en servicios sociales, como educación, atención médica y desarrollo comunitario. Las comunidades empobrecidas a menudo dependen en gran medida de estos servicios, por lo que su falta puede empeorar su situación económica y social. Adicionalmente, la militarización puede plantear cuestionamientos en cuanto a los derechos humanos, como la libertad de movimiento y el derecho a un juicio justo. Estos problemas pueden afectar a las personas en situación de pobreza de manera desproporcionada, ya que pueden tener menos recursos para enfrentar problemas legales y obtener justicia.

Avance de la militarización en zonas vulnerables de México

El Gobierno de México ha implementado una serie de operativos de seguridad en áreas consideradas de alto riesgo debido a la actividad del crimen organizado. Uno de los ejemplos más notables es la “Operación Conjunta Michoacán” en 2006, que involucró el despliegue del ejército en el estado de Michoacán para abordar la violencia relacionada con el narcotráfico. La militarización ha tenido un impacto significativo en comunidades vulnerables, especialmente en regiones con altos niveles de pobreza. La presencia militar a menudo se ha traducido en enfrentamientos armados y en desplazamientos forzados de poblaciones locales. La relación entre pobreza y militarización ha sido estudiada por investigadores de todo el mundo. Un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2016 encontró que los países más pobres son también los que tienen los ejércitos más grandes. El estudio también encontró que la pobreza está asociada a un mayor riesgo de conflicto armado.[3]

Otro estudio, realizado por la Universidad de Oxford en 2018, encontró que la militarización está asociada a un aumento de la desigualdad económica. El estudio encontró que los países con ejércitos más grandes tienen una mayor desigualdad de ingresos.[4]

Estos estudios sugieren que la relación entre pobreza y militarización es compleja y bidireccional. La pobreza puede conducir a la militarización, y la militarización puede perpetuar la pobreza. Esto también se relaciona con las denuncias de abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en su participación en operativos de seguridad. Esto incluye informes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. 

Organizaciones de derechos humanos, la sociedad civil y algunos políticos han expresado preocupaciones sobre los abusos de derechos humanos y la militarización continua de la seguridad civil. Las comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad suelen ser las más afectadas por la militarización, ya que pueden estar expuestas a la violencia y los desplazamientos forzados como resultado de los operativos militares.

Desde la creación de la Guardia Nacional (GN) en 2019, se planteó una distribución coherente de su personal en todo el país, con un enfoque en zonas de alta incidencia delictiva, especialmente homicidios. Sin embargo, desde entonces, varias organizaciones e investigadores han advertido sobre las inconsistencias en el despliegue de la GN y las métricas de incidencia delictiva. Por ejemplo, en 2022, Zacatecas sobresalió con una alarmante tasa de 80.2 homicidios y feminicidios por cada 100 mil habitantes, mientras su estado de fuerza policial se situó en 2.9 agentes de seguridad por cada mil habitantes. En contraste, Tabasco presentó una tasa de 13.14 en homicidios y feminicidios y un estado de fuerza de 4.94.[5] Durante el mismo año, Chiapas se destacó como el estado que más redujo el porcentaje de pobreza en comparación con los niveles pre pandémicos, experimentando una reducción de 10.62 puntos porcentuales en 2022. Además, Baja California también se destacó con una disminución de dos dígitos, con -10.23 puntos. Doce entidades más redujeron la pobreza a niveles inferiores al promedio nacional, como Yucatán, Baja California Sur, Zacatecas, Sonora, Querétaro, Durango, Michoacán, Puebla, Campeche, Nuevo León, Quintana Roo y Aguascalientes.[6]

Derivado de que aún no hay estudios que resaltan que el aumento de la fuerza policial o militar en los estados tenga una relación directa con la reducción de la pobreza o el caso contrario, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana se encuentra enfocado en abordar los desafíos de seguridad en México desde una perspectiva integral, en el cual se destaquen que la pobreza y la militarización ya que reconoce que son dos aspectos clave de la compleja situación de seguridad en el país. Sin embargo, es importante mencionar que hay una falta de datos e información que nos ayuden a comprobar una relación entre la pobreza y militarización, esto puede ser un reflejo de la falta de interés por abordar este problema. La pobreza y la militarización son dos fenómenos complejos y difíciles de resolver, pero son problemas importantes que tienen que abordarse.

El Programa de Seguridad Ciudadana actualmente lleva a cabo investigaciones y análisis que examinan en profundidad la relación entre la pobreza, la militarización y la seguridad en México. Esto incluye la recopilación de datos específicos y la evaluación de políticas gubernamentales en estas áreas.

Referencias

[1]¿Por qué la IBERO crea un programa de seguridad ciudadana? (s. f.). IBERO. https://ibero.mx/prensa/por-que-la-ibero-crea-un-programa-de-seguridad-ciudadana

[2] Programa de Seguridad Ciudadana, Universidad Iberoamericana CDMX. (2023, 13 septiembre). El (des)equilibrio civil-militar en la seguridad – seguridad vía civil. Seguridad Vía Civil – Sitio del Programa de Seguridad Ciudadana, Universidad Iberoamericana. https://seguridadviacivil.ibero.mx/2023/09/13/el-desequilibrio-civil-militar-en-la-seguridad/

[3]Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2016). Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Nueva York: PNUD.

[4] Universidad de Oxford. (2018). The Economic Consequences of Military Spending. Oxford: Oxford University Press.

[5] Ibídem.

[6] El Economista. (2023, 11 agosto). Edomex y Tlaxcala, únicos estados con aumento en pobreza. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/estados/Edomex-y-Tlaxcala-unicos-estados-con-aumento-en-pobreza-20230810-0136.html

Sofía Rosales Atilano

Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Iberoamericana, su enfoque se centra en la investigación y el análisis de datos. Su formación académica le ha proporcionado sólidos conocimientos en economía, los cuales complementa con una pasión por explorar a fondo conjuntos de datos y desentrañar su significado. Su labor como autora se caracteriza por un enfoque riguroso y analítico al abordar problemas complejos en el ámbito económico. La capacidad de sumergirse en la investigación y presentar hallazgos de manera clara y perspicaz es lo que impulsa su trabajo. Su objetivo es agregar valor al campo económico al encontrar conexiones significativas entre datos aparentemente dispares y ofrecer una perspectiva fresca y fundamentada en sus escritos.

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